Conscientes de la situación económica actual, así como de las dificultades en materia de financiación, la inmovilización de importantes stocks de viviendas en el mercado, unido a la destrucción de empleo y a la paralización del sector promotor inmobiliario. La Oficina Técnica de Vivienda ha trabajado en una acción especial y específica para cubrir, por un lado, las expectativas de una demanda que sigue teniendo voluntad de adquirir su vivienda; por otro, un sector que cuenta con el producto demandado inmovilizado por dificultades dimanantes de la actitud excesivamente conservadora de las entidades financieras y, por otro, unas administraciones públicas sensibilizadas con la necesidad de proporcionar dicho producto a los ciudadanos. Para ello, se ha elaborado un documento-propuesta de colaboración con el Instituto Canario de la Vivienda, para la ampliación del convenio vigente actualmente, que pretende dar salida a todas esas cuestiones, proponiendo unos objetivos susceptibles de ser asumidos a través de diversas herramientas e instrumentos legales de apoyo.

También se ha continuado con la intensa labor de información llevada a cabo año tras año, cumpliendo así con uno de los objetivos para los que se creó esta Oficina y que ha versado sobre las modificaciones de la normativa tanto estatal como autonómica, de asesoramiento técnico y jurídico a las empresas, para conocer las diferentes actuaciones en materia de viviendas de protección oficial, así como requisitos y condiciones para la financiación cualificada, y también sobre alternativas o soluciones a los promotores que se han encontrado en dificultades ante la crisis.