Tragsa factura 153 millones en Canarias
Tragsa factura 153 millones en Canarias en perjuicio de constructoras privadas.
La patronal de la Construcción alerta de las encomiendas y contrataciones del sector público con la compañía propiedad de Sepi en detrimento de los operadores isleños de las Islas. Salud Gil prepara una batería de acciones ante los tribunales.
Tragsa ha sido receptora de encargos por el Gobierno de Canarias, cabildos y algunos ayuntamientos, por importe de 153 millones de euros en los últimos tres años, “al menos que sepamos”, afirma la presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores Inmobiliarios de Las Palmas, María de la Salud Gil.
Los encargos de las administraciones canarias a Tragsa suponen más del 5% de la producción a nivel nacional, un comportamiento que “crece y se acentúa cada vez más, poniendo en peligro la subsistencia de las empresas. De hecho, hemos sabido que se proyecta encomendarles obras por más de 70 millones de euros en breve. Y eso es un escenario económico desolador donde las empresas luchan por mantenerse a flote”, indica la patronal en un comunicado remitido a los medios.
Los organismos adjudicadores utilizan una empresa pública de carácter nacional para abordar obras que deberían ser ejecutadas por empresas operadoras en Canarias y lo hace, según Gil, para “huir de su propia inoperancia” ante “la incapacidad que están demostrando para gestionar la inversión pública”. “Mientras los indicadores de licitación pública rozan el encefalograma plano, Tragsa está ejecutando obras que nada tienen que ver con su objeto social ni para los objetivos que fue concebida”.
“¿Qué hace una empresa pública tutelada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ejecutando obras en los centros educativos, centros sanitarios, obras hidráulicas, carreteras, saneamiento, limpieza, etcétera?” “¿Qué hace una empresa pública cuyo objeto social es desarrollar actividades agrícolas, ganaderas, forestales, animal etcétera, compitiendo deslealmente con el sector de la construcción, eso sí, por encargo expreso de las administraciones citadas?”, se pregunta la Asociación.
“¿Qué hacen las administraciones públicas saltándose la Ley a mansalva encargando de forma irregular a Tragsa la ejecución de obras que deberían ser licitadas en el mercado y sin garantía de mejor relación entre calidad y precio? ¿Qué hacen las Administraciones Públicas quebrando el principio sagrado de publicidad y concurrencia y normalizando un proceso que debe ser excepcional y cumpliendo rigurosos requisitos que aquí se incumplen sistemáticamente?”.
Salud Gil, presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, en Triana.
Según María de la Salud Gil, existen sentencias de los tribunales de Justicia que ponen a Tragsa “en su sitio delimitando su actividad a su objeto social y nuestra organización remitirá al presidente del Gobierno, a la Fecam y a la Fecai la necesidad de que abandonen la tentación de seguir desviando la inversión hacia empresas públicas (Tragsa, Tragsatec, Ineco, Aqaues,…), apelará a una mayor sensibilidad con las empresas que pagan impuestos, y crean empleo y riqueza, e iniciará una batida de localización de estos encargos para llevarlos a los tribunales”.
Tragsa pertenece al hólding de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. En el consejo de administración figuran dirigentes de los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y de la Comunidad autónoma de Madrid. Además de Agricultura, también participan los ministerios de Transición Ecológica y Hacienda.
Tragasa facturó en 2020 más de mil millones de euros. El grupo, presidido por Jesús Casas, está activo desde hace 44 años.