En los últimos tiempos, el sector de la construcción se ha erigido en tractor de la economía canaria y en uno de los pilares sobre los que sustentar la recuperación del territorio tras el impacto de la pandemia de la Covid-19. No obstante, la escasez de licitación pública, la reticencia de los Ayuntamientos a revisar los precios de los contratos públicos ante el alza de las materias primas y las excesivas trabas burocráticas a las que se enfrentan las empresas se han convertido en importantes escollos que lastran el progreso del sector y, a su vez, reducen su repercusión en la recuperación económica de las Islas. La presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) de Las Palmas, María Salud Gil, analiza en esta entrevista para TIEMPO DE CANARIAS todas estas cuestiones y más, destacando, por otro lado, que en Canarias "tenemos una emergencia habitacional".
¿Cuál es la radiografía del sector en estos momentos?
Es un momento de dificultad y de incertidumbre, en que los precios de las materias primas nos tienen absolutamente agobiados. Los Ayuntamientos no están teniendo nada de sensibilidad con la necesidad de revisar los precios de los contratos que se están desarrollando. Se están sacando obras a licitación con precios que no son de mercado porque no están actualizados. Hay Administraciones Públicas que no ejecutan y unos fondos europeos que no terminan de ejecutarse, pero por contra, tenemos un espectro enorme de oportunidades que no pensamos desaprovechar.
Estamos trabajando en las dos líneas. Somos críticos con la situación y claro que hay problemas, pero estamos trabajando para resolverlos. En ese sentido, desde la reivindicación y desde la acción, trabajamos duramente, pero también estamos mirando hacia el futuro, y estamos viendo que, efectivamente, hay unos fondos europeos de los que podemos ser partícipes y podemos ayudar a gestionar. De hecho, nosotros estamos gestionando a través de las oficinas técnicas de rehabilitación firmadas con el Gobierno de Canarias y estamos canalizando los fondos europeos en materia de rehabilitación.
Estamos inmersos en la necesidad de cambiar el modelo de política de vivienda hacia un modelo de cogobernanza. En el ámbito del Plan de Vivienda, creo que debemos designarlo como estratégico porque hay una emergencia habitacional en Canarias. Por otro lado, en el ámbito de las obras públicas, se está siendo bastante tímido. Ahora veremos un bombazo de licitaciones porque hay elecciones; pero que salga en los boletines no quiere decir que se ejecuten esos fondos. Por lo tanto, hay mucha incertidumbre y muchas dificultades, pero también muchas oportunidades.
Hablando de esas dificultades, ¿cómo siguen lidiando a día de hoy las empresas con el alza de los precios de las materias primas? ¿Los precios siguen subiendo o ya se han estabilizado?
No se han estabilizado; hay unas fluctuaciones mensuales. Antes estábamos en un 40 y ahora han ido disminuyendo en algunas partes y si sacas la media es un 30, pero no bajamos de ahí. Hay tres decretos estatales que no terminan de llegar a todas las empresas y a todas las obras. La Consejería de Obras Públicas ha hecho algo muy importante, que es bonificar el 100 % de la tasa de dirección de obra, que significa el 4 % del valor total del contrato firmado. Eso es un alivio muy grande. En el 90 % de los casos hay una cláusula de revisión de precios. ¿Dónde estamos atascados? En los Ayuntamientos.
Nos pusimos en contacto con la Federación Canaria de Municipios; ahí había una voluntad clara, pero al final lo que se ha hecho es emitir un informe que se pone de perfil, y lo que dice es que cada Ayuntamiento haga lo que considere oportuno. Por tanto, eso sigue sucediendo. Las empresas, o suspenden el contrato o, en todo caso, desisten de él, o tragan y siguen financiando a la Administración. En el ámbito privado de las promociones inmobiliarias no hay mucha litigiosidad.
¿Se está consiguiendo revisar los precios de los contratos públicos ante el alza de las materias primas?
Los Ayuntamientos se están negando sistemáticamente a revisar los precios. El Cabildo de Gran Canaria sí se ha acogido al decreto de la Comunidad Autónoma. Ahí creo que la Comunidad Autónoma no fue valiente, porque tendría que haber incluido a las corporaciones locales en la obligatoriedad de revisar esos precios, pero al tener carácter voluntaristas, la mayoría de los Ayuntamientos se niegan.
Ustedes le han propuesto al Gobierno canario construir 4.000 viviendas en tres años, en suelo público y en régimen de arrendamiento para familias vulnerables, jóvenes de cara a su emancipación, familias incipientes y familias monoparentales. Pidieron cita a Torres en verano para exponerle esta propuesta. ¿Ya han recibido respuesta?
No. Nosotros somos muy propositivos en el Plan de Vivienda y en el tema de política de vivienda. El modelo está obsoleto. O participamos en este modelo o el Gobierno de Canarias seguirá fracasando. Hay 20.000 demandantes de vivienda registrados. Los que no tienen ninguna esperanza no se registran, por lo que la demanda real es mucho mayor. ¿Por qué el presidente del Gobierno no nos recibe? Creo que es por un tema de respeto al consejero de Obras Públicas, al que supongo que no quiere desautorizar.
¿Cuál es el nivel de ejecución ahora mismo del Plan de Vivienda de Canarias?
A estas alturas se tendrían que haber construido unas 1.800 viviendas y deberíamos llevar 300 millones de euros ejecutados. Le puedo enseñar todos los concursos públicos que han salido a efectos de distribuir por concurrencia competitiva esos fondos, cómo se repiten una y otra vez porque se quedan desiertos. Luego, por otro lado, se ha ejecutado en parte el tema de La Palma, pero no para construir vivienda, sino para los contenedores o las casas prefabricadas. Por contra, en la vivienda nueva el balance es cero.
La patronal de Tenerife ha criticado que se han quedado más de un centenar de licitaciones desiertas en el último año. ¿Tan mal está la situación?
Cientos de millones de euros se están quedando sin ejecutar. Por eso la tozudez de los Ayuntamientos es inconcebible. Está claro que los precios han subido y no se están revisando los precios. Además, se licita con precios antiguos. Normalmente, los precios de licitación se corresponden a dos años antes, porque el proyecto se hace y se licita con dos años de anterioridad y se va ejecutando a unos precios de mercado que no se actualizan. Es imposible que las empresas sigamos financiando a las Administraciones Públicas; por eso se están quedando desiertas.
El sector lleva tiempo reclamando aligerar la burocracia para fomentar la inversión. ¿Se han producido avances en este sentido o se está perdiendo inversión por las trabas burocráticas?
Se está perdiendo inversión pública y privada. Las inversiones llegan al 20 % en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Eso no se puede permitir de ningún modo. Al final, lo que ocurre es que hay una burocracia que es negacionista y no hay ningún valiente que le haga frente.
¿Hay un problema de gestión y de gestores públicos que está castigando al sector?
Falta planificación y gestión. No se licita porque los procedimientos no se han constituido en un sistema abreviado; no hay suficiente liderazgo. Tenemos un problema de planificación, de gestión y de liderazgo, y de quizás mojarse mucho y quemarse mucho para adoptar decisiones con valentía y enfrentarse al sistema.
En lo que concierne al empleo en el sector, se ha hecho un llamamiento para atraer a los jóvenes y a las mujeres, y se habla de falta de mano de obra cualificada. ¿Es así?
Hay mano de obra cualificada, y es una mano de obra que se incorpora al mercado. En la Fundación Laboral de la Construcción, con fondos propios y públicos, alrededor de 3.000 personas al año son formadas y se incorporan al mercado. El Servicio Canario de Empleo dice que el 90 % de los desempleados registrados no tienen ni el certificado de Estudios Primarios. Eso es una dificultad. Si nosotros necesitamos 20.000 trabajadores y hay 20.000 desempleados y no podemos nutrirnos, eso hay que arreglarlo.
Con respecto a los jóvenes y las mujeres, nosotros llevamos trabajando la formación dual desde hace mucho tiempo, a través de los proyectos de formación en alternancia con el empleo. Se trata de formar a jóvenes, mujeres y hombres en obras reales. El 50 % son mujeres en oficio. Le hemos hecho una serie de propuestas al Gobierno para seguir atrayendo a hombres y mujeres al sector.
¿Qué escenario prevén para el año que viene?
Hay una gran parte del futuro que no depende de nosotros. Hay muchas oportunidades. Nosotros estamos preparados para abordarlas. Vamos a seguir trabajándolas. Nuestra idiosincrasia es luchar por resolver los problemas. El futuro lo veo bien, porque confío en nosotros mismos. Nuestra tendencia es la misma que la de la economía en general. La incertidumbre está ahí. Va a ser probablemente un año complicado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lamernos las heridas? No; bregar; eso es lo que haremos.
Fuente: Tiempo de Canarias